Provinciales

09:27 03/09/2010

Promoción: rebelión entre intendentes por el posible acuerdo Tweet

Los intendentes opositores cuyos departamentos no serían alcanzados por el beneficio reclaman equidad y amenazan con recurrir a la Justicia para frenar el decreto presidencial. Los oficialistas optaron por la prudencia y para algunos la salida sería un resarcimiento.
El posible acuerdo entre Mendoza, la Nación y las provincias vecinas por la promoción industrial ha dejado contentos a muchos, pero hay otros que despotrican: son los intendentes que comandan departamentos que quedarían fuera del convenio. Por eso, algunos prometen dar pelea en el ámbito político y en el judicial y otros hablan de pedir un "resarcimiento".

Aunque el gobernador, Celso Jaque, se niega a hablar de un trato cerrado, en Buenos Aires fuentes cercanas a la Casa Rosada dicen que el conflicto ya se destrabó porque la presidenta, Cristina Fernández, firmará un decreto que incluirá en los alcances de ese beneficio a siete departamentos mendocinos. Esta decisión presidencial llevaría a Mendoza a desistir de su planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la extensión de la promoción.

Las comunas que serían incorporadas son las cinco que limitan con las provincias beneficiadas (Las Heras, Lavalle, La Paz, San Rafael y General Alvear) y Santa Rosa y Malargüe, la tierra del Gobernador. Seis de ellas son administradas por el peronismo y una por la oposición.

Las voces críticas que se escucharon ayer incluyen la del cobista Gustavo Pinto, intendente de La Paz quien, pese a que sería uno de los alcanzados por el decreto, aseguró que estaría dispuesto a acompañar un planteo en una instancia judicial. "Más allá que La Paz se vea beneficiada, no le sirve crecer en forma aislada", explicó Pinto.

La molestia de los líderes territoriales del cobismo y el radicalismo, que ayer se pronunciaron durante una conferencia de prensa, también se extiende a la metodología con que Jaque se ha movido en los últimos días: "No puede ser que no haya información oficial", se quejaron. "Se ha generado una discusión que intenta dividir por medio de la falta de información", acotó Alfredo Cornejo, jefe comunal de Godoy Cruz.

Dentro del grupo de once municipios que serían excluidos del beneficio impositivo, hay cinco comandados por el radicalismo/cobismo, dos por el Partido Demócrata y cuatro por el PJ. Los jefes comunales oficialistas o más cercanos al Gobierno se llamaron al silencio o bien se inclinaron por no confrontar. Sin embargo, tampoco defendieron a rajatabla el acuerdo y no descartan la idea de gestionar un resarcimiento.

Lo cierto es que desde que salió a la luz la posibilidad de acordar esta salida política al enfrentamiento que tenía Mendoza con las provincias vecinas y la propia Casa Rosada, el primero que puso el grito en el cielo fue el radical Eduardo Giner. "Si es verdad que será así, es alarmante, es una barbaridad y acarreará perjuicios económicos graves para los departamentos", expresó.

En Tunuyán ya están trabajando en el borrador de una acción de amparo que presentarían ante la Justicia "para frenar la aplicación del decreto y sentarse a una mesa a discutir", agregó Giner.

En tanto, el cobista Mario Abed (Junín) fue más simple: "No me gasto tanto; solamente tomo el amparo que presentó Mendoza, le cambio la introducción de gobernador por intendente y listo. Si ahí están todos los argumentos". Además, no dudó en transmitir las vivencias del pasado cuando una empresa local "se fue de Junín para radicarse en San Juan".

El sancarlino y demócrata Jorge Difonso se declaró "en pie de guerra" y le apuntó directamente al mandatario provincial ya que "no puede predicar una cosa ante la Nación y hacer lo contrario con los departamentos; es una incoherencia", disparó. Si bien mantiene latente la posibilidad de batallar en la Justicia, demandó que los legisladores tomen cartas en el asunto. "Acá la discusión de fondo es política, por eso la Legislatura tiene que hacer algo al respecto", sostuvo.

Otro intendente opositor, el cobista Gerardo Del Río (Rivadavia), también criticó duramente el supuesto arreglo: "Esto va a atentar fundamentalmente contra el desarrollo armónico y regional de la provincia". Fundamentó su postura en la experiencia vivida: "Durante los 25 años del régimen de promoción tuvimos una migración de jóvenes a San Luis porque se iban para mejorar sus condiciones laborales".

Dentro del arco de intendentes oficialista, el guaymallino Alejandro Abraham no quiso entrar en la polémica ya que "no se sabe qué va a salir". Aclaró: "Aún no hay nada en firme y quiero esperar a que el Gobernador informe porque se habla mucho y macanas".

En este sentido, aseguró que no va a "disparar una guerra entre mendocinos" y, en caso de que se resuelva el tema de la promoción en favor de siete departamentos, "hay que ver qué beneficios trae a la provincia y qué perjuicios a Guaymallén y entonces cómo se puede reparar o compensar esa situación", remarcó el justicialista.

En San Martín, Jorge Giménez evitó la confrontación y se mantuvo en silencio. Por medio de un vocero transmitió que no iba a opinar porque quiere "esperar la información oficial".

El demócrata Omar Parisi , uno de los opositores con mayor llegada a la Casa de Gobierno, consideró que "se traslada una situación injusta a la provincia" por lo que vería con buenos ojos acordar en una mesa de discusión política una compensación para reparar los perjuicios que ocasionaría a Luján, su departamento. "Con inversión en el parque industrial municipal para generar más infraestructura, estaría satisfecho", anticipó su pedido.

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