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18:19 26/09/2011
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CAPILLA DEL MONTE AL BORDE DEL ESTALLIDO Y SIN AGUA PARA APAGARLO 
Capilla del Monte: reclamo por sueldos deja sin agua a vecinos. Un embargo, consecuencia de la última administración radical de la familia Sez (Diego y Gustavo) y de la incapacidad actual de la Intendente Rossana Olmos por un juicio de hace dos décadas, puso en crisis las finanzas.
Capilla del Monte está que arde y los vecinos ni siquiera tienen agua en los tanques domiciliarios para refrescar el ánimo.
El gobierno de la intendenta kirchnerista Rosanna Olmos está en conflicto con los empleados municipales desde hace 10 días. La razón: la falta de pago de los sueldos de agosto y los medios aguinaldos de diciembre y junio últimos, que derivó en una protesta que alacanza a los trabajadores del servicio de agua.
La falta de dinero para hacer frente a esos compromisos salariales con el personal se debe principalmente al embargo que trabó sobre las cuentas bancarias del Municipio de esta localidad del norte de Punilla -ubicada a 110 kilómetros al noroeste de la ciudad de Córdoba-, el ex asesor letrado Adolfo Quatroccio.
El abogado presentó el recurso para reclamar la regulación de honorarios en un juicio que se inició hace casi 20 años.
La protesta que se inició alcanza al suministro domiciliario de agua potable, en medio de la crisis hídrica que afecta a Capilla del Monte. La falta de presión en la red obliga a la Empresa Municipal de Obras y Saneamiento (Emos) a llenar los tanques con agua que llevan a domicilio en camiones cisterna.
Los empleados de esta repartición adhieren a la protesta y se niegan a encender los motores y salir de reparto, con las consecuencias que resulta fácil imaginar.
Una historia turbia. En los albores de los ‘90, la administración del entonces intendente Diego Sez (UCR) encaró un oneroso proyecto para dotar a la localidad del servicio de cloacas. Inicialmente, la obra se presupuestó en cuatro millones de pesos y luego se ajustó en dos millones más, que debían financiar los vecinos en cuotas mensuales y consecutivas.
Los capillenses se opusieron desde el inicio y en 1992, una comisión vecinal logró desactivar la iniciativa, cuya ejecución se había confiado a Civial-Up Rom. Esta unión transitoria de empresa, reclamó a la Municipalidad una cifra millonaria por supuestos daños y perjuicios. La Voz del Interior se hizo ecos en sus páginas de aquel escándalo.
Ahora, el embargo de las cuentas impide a Olmos pagar el sueldo a los empleados, quienes llevan adelante medidas de fuerza con retención de los servicios básicos.
Aditivo político. El conflicto se metió de lleno en la campaña política con miras a las elecciones municipales del próximo 23 de octubre. Es que Rosanna Olmos buscará se reelección como intendenta y tendrá en frente al candidato radical Gustavo Sez, hijo del ex intendente y funcionario político durante la gestión de su padre.
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